Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río)

Desde 2012, América Latina y el Caribe negocian un convenio que mejore la forma cómo se toman las decisiones en materia ambiental. Se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río). Pero no todos los países se han manifestado por un convenio legalmente vinculante (obligatorio para la implementación de los Gobiernos).

Este convenio sobre democracia ambiental involucrará a todas las personas que habitan en nuestra región y mejorará sustancialmente su calidad de vida. Busca fortalecer los derechos de acceder a la información, poder participar efectivamente en la toma de decisiones y acceder a la justicia en materia ambiental. En otras palabras, el convenio promoverá la transparencia de la información y decisiones sobre el medio ambiente, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza ambiental.

Veinticuatro (24) países están negociando este acuerdo internacional para mejorar las leyes y prácticas de los países en estos derechos. Se tiene previsto que este proceso finalizará en 2018.

Con este Acuerdo podremos exigir la mejora y fortalecimiento de los derechos de acceso a la información, participación y justicia en nuestros países.

Pero los Gobiernos necesitan escuchar la voz de la ciudadanía que demanda un acuerdo legalmente vinculante. Algunos de estos gobiernos todavía no han comunicado su voluntad de tener un acuerdo vinculante.

Ayúdanos a enviar un mensaje fuerte a nuestros gobiernos para que demuestren voluntad política de alcanzar un convenio vinculante con obligaciones robustas en materia de democracia ambiental.

Aquí pueden encontrar más información:

Saludos.

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Dejo más detalles para las personas interesadas:

UN ACUERDO SOBRE PRINCIPIO 10 VINCULANTE QUE NO DEBILITE ESTÁNDARES EN ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA AMBIENTAL DE LA REGIÓN

El Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra, Río 1992), busca asegurar que toda persona acceda a información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales. Es recién en el año 2012, con la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) que se inicia el proceso para lograr un instrumento jurídico en estos derechos para América Latina y el Caribe.

Para noviembre de 2017, 24 países de la región han firmado la Declaración, se han realizado siete Reuniones de Negociación y los resultados no se muestran muy alentadores, sino más bien regresivos a lo ya logrado como región (rica en recursos naturales y extractivos). Si el fin de este Acuerdo era asegurar la implementación efectiva de los derechos de acceso a la información, participación y justicia, para generar condiciones hacia un desarrollo sostenible, la reducción de la conflictividad socio-ambiental y la protección de los defensores ambientales; con la redacción actual del documento: NO LO ESTAMOS LOGRANDO.

Expertos en derechos humanos de la ONU se han pronunciado hacia los gobiernos de América Latina y el Caribe a que adopten un acuerdo firme y vinculante sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la información, participación y acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales.

Por ello, representantes de sociedad civil y el Mecanismos Público del Principio 10 han manifestado la importancia de contar con un acuerdo vinculante, siempre y cuando se asegure los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y no se debilite los estándares logrados en el ámbito nacional como regional.

Además del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), las organizaciones involucradas en este proceso, son:

  1. Asociación Ambiente y Sociedad (AAS, Colombia)
  2. Acción Ciudadana (Guatemala)
  3. Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor (Perú)
  4. Asociación de Medios de Comunicación y Periodistas por el Desarrollo local "Willakuy” (Perú)
  5. Asociación Nacional de Centros (ANC, Perú)
  6. Asociación Servicios a Programas de Desarrollo e Investigación (ASOSEPRODI, Guatemala)
  7. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER, Perú)
  8. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP, Perú)
  9. Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador)
  10. Centro Humboldt (Nicaragua)
  11. Centro Nacional de Información e Investigación en Desastres y Desarrollo (CENACIDE, Guatemala)
  12. CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo (Perú)
  13. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA, Perú)
  14. Coalición Regional por La Transparencia y La Participación Ciudadana
  15. Comunicación y Educación Ambiental (México)
  16. Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, Perú)
  17. CooperAcción (Perú)
  18. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)
  19. Derechos Humanos Sin Fronteras – Cusco (DHSF, Perú)
  20. DIACONÍA, Asociación Evangélica Luterana de Ayuda para el Desarrollo Comunal (Perú)
  21. Espacio Nacional para la Transparencia de la Industria Extractiva (ENTRE, República Dominicana)
  22. Federación de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH, Honduras)
  23. Fomento de la Vida (FOVIDA, Perú)
  24. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn, Argentina)
  25. Fundar, Centro de Análisis e Investigación (México)
  26. Fundación Foro Nacional por Colombia (Colombia)
  27. Fundación Grupo Guayacán de Energía y Medio Ambiente (GEMA, República Dominicana)
  28. Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés)
  29. Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps, Argentina)
  30. Grupo Género y Economía (Perú)
  31. Grupo Regional Sobre Financiamiento e Infraestructura (GREFI)
  32. Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC)
  33. Instituto de Estudios de las Culturas Andinas - Perú (IDECA, Perú)
  34. Asociación Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (Idlads, Perú)
  35. ILLA, Centro de Educación y Comunicación (Perú)
  36. International Rivers (IR, Brasil)
  37. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC, Perú)
  38. Observatorio de Políticas Públicas de Universidad Autónoma de Santo Domingo (ODPP-UASD, República Dominicana)
  39. Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala)
  40. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, México)
  41. Rede de Cooperação Amazônica (RCA, Brasil)
  42. Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE, Perú)
  43. Salud Preventiva Andina (Perú)

La Novena Reunión del Comité de Negociación tendrá lugar del 28 de febrero al 4 de marzo de 2018 en San José, Costa Rica. Chile.

El objetivo de esta reunión es finalizar la negociación del acuerdo regional sobre la base de la octava versión del texto compilado por la Mesa Directiva que integra las propuestas de texto de los países, resultante de la Octava Reunión celebrada en la sede de la CEPAL en Santiago del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017.

Más información en http://negociacionp10.cepal.org