[Member Spotlight] Fundación Markani

En este post encontrarán una entrevista con Stella Maris Molina (@Geostella ), presidenta de Fundación Markani, en Argentina. La organización es 1 de las 6 ganadores del Laboratorio de Ideas en Empoderamiento Jurídico y Abogacía Comunitaria, organizado por la Red de Empoderamiento Jurídico con el apoyo de Tinker Foundation.

To read the interview in English click here / Para leer la entrevista en inglés hagan click aquí.

¿Cuál es la misión de Fundación Markani?

Promover la participación activa de las personas mediante el ejercicio pleno de sus derechos humanos, impulsar la integración de comunidades con vulnerabilidad social, generar conciencia sobre la importancia de construir una sociedad pacífica, inclusiva y con perspectiva de género, e incidir de manera sustantiva en políticas públicas, contribuyendo así al movimiento por la justicia global.

¿Qué tipo de problemáticas/injusticias aborda su trabajo de empoderamiento jurídico?

Trabajamos específicamente con mujeres de comunidades indígenas y rurales o campesinas expuestas a distintas vulnerabilidades, tomando como ejes principales el acceso a la justicia y el empoderamiento económico de las mujeres, e impulsando la construcción de redes, para generar procesos que lleven a la equidad de género y a la igualdad de derechos. Mediante actividades de sensibilización, atención directa, asesoramiento y capacitación, abordamos el problema del alto índice de violencia intrafamiliar y de género, totalmente naturalizadas en las comunidades.

También impulsamos el uso de estrategias de complementariedad entre el marco legal vigente y los usos y costumbres comunitarios relativos a la resolución de conflictos con el fin de asegurar que las comunidades puedan acceder a sus derechos y ejercerlos. El rápido ritmo de la globalización y de los procesos para identificar nuevos lugares de explotación de recursos ha acelerado los desmontes, la instalación de industrias de extracción (petroleras, mineras), con consecuencias devastadoras para las tierras y sistemas de vida de las comunidades. Los proyectos extractivos se realizan sin su consentimiento libre, previo e informado, socavando su derecho esencial a la autodeterminación. Como organización buscamos lograr cambios en la normativa y los procedimientos que regulan estos conflictos a través de métodos de resolución como la mediación intercultural y la justicia restaurativa.

¿De qué forma están usando el empoderamiento jurídico para atender esas problemáticas?

Formamos promotoras jurídicas interculturales con perspectiva de género y de derechos humanos, poniendo en valor su perfil social comunitario mediante un programa de “alfabetización jurídica”, que consiste en la capacitación en normativas vigentes y acceso a la justicia de mujeres lideresas indígenas y campesinas bilingües. Comenzamos el programa en las comunidades Aymara y Colla y hemos decidido replicarlo en toda la provincia (Salta), donde viven 32 etnias distintas.

También formamos mediadorxs comunitarixs bilingües, elegidos en asamblea como referentes de las comunidades. Esta formación se basa en un espíritu de diálogo e información permanente y en la promoción del uso de los saberes y la cultura de las comunidades como herramienta para resolver sus conflictos. Hemos conseguido que la Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia acredite el programa y también hemos articulado con los distintos intendentes para que lxs mediadorxs comunitarixs cuenten con una oficina dentro de cada municipio.

¿Por qué consideran que el empoderamiento jurídico es importante para resolver las problemáticas mencionadas?

El empoderamiento jurídico promueve y fortalece los liderazgos y la participación de las mujeres, así como revaloriza los ordenamientos jurídicos de las comunidades y ayuda a prevenir los distintos tipos de violencia comunitaria.

Es fundamental que las comunidades conozcan sus derechos, porque ello significa libertad: poder decidir qué quieren y qué no quieren hacer.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan en su trabajo y qué están haciendo para abordarlos?

El mayor desafío en las comunidades es el del acceso a la tecnología y conectividad, que se suma a la situación particular de accesibilidad a los territorios surgida por el contexto de pandemia. Para abordar este desafío, hemos recurrido a otras formas de llegar a las comunidades, como radios comunitarias, y hemos celebrado acuerdos con los municipios para brindar espacios en sus dependencias para que las mujeres puedan capacitarse. Apelando a la responsabilidad social de las empresas, hemos logrado que una empresa de telefonía proporcione equipos para las mujeres. También se ha impulsado como ejercicio de práctica en procesos de consulta la creación de una mesa de gestión comunitaria, conformada por los consejos indígenas de las comunidades y promotorxs jurídicxs, para proyectar acciones concretas para atender las necesidades de las comunidades. En estos espacios de construcción colectiva se fomenta el uso de los medios tecnológicos.

Otro desafío que enfrentamos es la dificultad para conseguir la plena validez jurídica de los acuerdos de mediación intercultural. Estos aún deben ser homologados en distritos judiciales que se encuentran a grandes distancias de las comunidades o, en su defecto, en la capital salteña, situada aún más lejos, lo que dificulta considerablemente la tarea.

Finalmente, el impacto de la formación de promotoras jurídicas y mediadoras comunitarias dentro de sus familias y comunidades es otro de los grandes desafíos de nuestro trabajo en empoderamiento jurídico. La ruptura de asimetrías resultado de la adopción de este nuevo rol y la capacitación en sí genera conflictos dentro de las propias comunidades. Esto ha generado situaciones de violencia física hacia las mujeres promotoras y mediadoras, e inclusive hacia el equipo de la organización. Para abordar estas situaciones hemos apelado al Consejo de Ancianos para poder llevar nuestra problemática de la inserción en el territorio, revisar nuestros objetivos como institución en el territorio, y respaldar a las promotoras jurídicas y mediadoras comunitarias. Para ellas ha sido difícil tomar la decisión de continuar con la formación, y en algunos casos han decidido no continuar para priorizar su seguridad y el bienestar de su familia.

¿Cómo ha impactado su selección para ser parte del Laboratorio de Ideas en el trabajo que realiza su organización y las comunidades con las que trabajan?

La experiencia ha sido positiva en muchos sentidos. Ha tenido un gran impacto en las comunidades de las yungas salteñas. Las mujeres indígenas y campesinas fueron legitimadas por sus comunidades como promotoras jurídicas y mediadoras comunitarias dejando atrás la hegemonía patriarcal de los caciques. Se ha logrado consenso para que participen de las reuniones de los consejos de ancianos con voz y voto, y si bien en algunas comunidades el uso de las tecnologías está restringido no sólo por cuestiones de conectividad sino por sus costumbres, se ha logrado consenso también para su uso por parte de las promotoras jurídicas y mediadoras comunitarias con carácter educativo y para su trabajo territorial.

Además, se logró el involucramiento de la Secretaría de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio Público en las problemáticas con las que trabajamos. Fuimos invitadas a un foro abierto presencial con funcionarixs públicxs para contar la experiencia y resultados del proyecto, y también a participar de una mesa de diálogo interministerial para aportar a la planificación de políticas públicas a desarrollarse en el 2021. Otras dependencias estatales, tanto provinciales como nacionales, también se han interesado en nuestro trabajo.

¿Qué estrategias utilizan para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de su trabajo ?

La sustentabilidad se garantiza con la formación de lideresas como promotoras y mediadoras, quienes se convierten en agentes de cambio y extienden sus conocimientos y capacidades a otras mujeres de sus comunidades.

Para asegurar la continuidad de nuestro trabajo también celebramos acuerdos con el Ministerio de Educación provincial para la incorporación de la mediación escolar como actividad extracurricular en el programa, fomentamos el diálogo permanente con lxs promotorxs jurídicxs, realizamos vigilancia ciudadana de las políticas locales, impulsamos acciones de incidencia que permiten lograr normativas y políticas a favor de las mujeres, y formamos y sensibilizamos a agentes públicxs en perspectiva de género y derechos humanos para transformar el paradigma patriarcal.

¿Tienen alguna recomendación para los demás miembros de la Red?

Hay que luchar para que los métodos alternativos de resolución de conflictos pasen a ser complementarios. Es importante que sean tenidos en cuenta como una posibilidad real y concreta de mejorar la administración de justicia en relación con sectores vulnerados como las comunidades indígenas y rurales, quienes además por su cosmovisión tienen arraigada esta forma de impartir justicia.

Lxs profesionales del derecho no sólo deben tener pleno conocimiento de las leyes sino que deben reflexionar acerca de su aplicación, incorporar la escucha activa, las amplias posibilidades de la negociación, ser creativxs para crear alternativas, coadyuvar a resolver problemas.

¿Tienen alguna recomendación de un libro, cita, recurso, obra de arte o música que les mantenga inspirades y motivades?

  • Adasme Calisto, E. y Quinteros Flores, C. (2014). “La mediación comunitaria y/o vecinal: un aporte a la democratización social y un nuevo espacio para el trabajo social de comunidad”, Revista Perspectivas, No. 25, 221-239.

  • Alés, J. (13 febrero de 2014). “Memoria de un año al servicio de Triana”, El Cofre de los Tesoros de la Mediación. Blog de debate y participación sobre la mediación como técnica de resolución de conflictos. Recuperado de El Cofre de los Tesoros de la Mediación: MEMORIA DE UN AÑO AL SERVICIO DE TRIANA.

  • Alzate Sáez de Heredia, R., Fernández Villanueva, I. y Merino Ortiz, C. (2013). “Desarrollo de la cultura de la paz y la convivencia en el ámbito municipal: la mediación comunitaria”, Política y sociedad, 50(1), 179-194.

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