[Recurso Destacado] Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020

Hoy día de la Madre Tierra entra en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como «Acuerdo de Escazú».

El Acuerdo de Escazú constituye un paso enorme para avanzar y profundizar la democracia socioambiental y lograr que el desarrollo de los países de la región sea sostenible, participativo y justo. No sólo es el primer tratado regional en materia ambiental que incorpora provisiones específicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos ambientales, sino que contiene disposiciones concretas para implementar los derechos a la información, participación y justicia en materia ambiental.

En línea con esta histórica fecha, destacamos el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2020, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), miembro de la Red de Empoderamiento Jurídico que -junto con muchos otros- ha tenido un rol activo en todo el proceso del Acuerdo de Escazú. @JuanCarlos @YoaPH

La integración del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) constitucionalidad mexicano significa un gran avance en la construcción de un entorno seguro para la defensa de los derechos humanos ambientales en México. No obstante, defender el medio ambiente, la tierra y el territorio en el país continúa siendo una actividad peligrosa y de alto riesgo que con el paso de los años se enfrenta a nuevos obstáculos.

Más sobre este recurso:

El presente informe se encamina a mostrar que es aún mucho lo que debe hacerse en México para lograr la plena vigencia de los derechos humanos ambientales y el ejercicio de su defensa. Para ello, es imprescindible que las labores para su defensa ambiental, la tierra y el territorio, que realizan tantas mujeres y hombres a lo largo del territorio nacional, no sea tildada o combatida desde las diversas estructuras de poder como una afrenta a los intereses públicos. En un Estado social, democrático, pluricultural y constitucional de derecho, la defensa de los derechos humanos y, por ende, la protección de las personas defensoras es un mandato que debe ser asumido como tal por todas las autoridades.

Pueden acceder al informe en el siguiente link:

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